Mediante este escrito manifestamos nuestra preocupación por la propuesta para modificar la Constitución local del estado de Baja California, con el fin de establecer reconocimiento jurídico al embrión y con ello tratar de impedir y negar otras disposiciones legales del mismo estado que protegen derechos de las mujeres, como lo son las causales de aborto permitidas en el Código Penal de Baja California. Aprobar la reforma es discriminatorio y viola derechos de las mujeres, en una actitud contraria al deber de los legisladores y en sentido opuesto a la tendencia de ampliación de los derechos humanos de la población femenina.

El conocido choque de absolutos entre la protección jurídica al embrión versus los derechos de las mujeres al aborto es un asunto que siempre genera polémica y encono. En la ciudad de México se despenalizó el aborto en abril de 2007 después de un amplio proceso de discusión en la Asamblea Legislativa , mediante foros públicos y en medios de comunicación, espacios académicos, campañas informativas y, por supuesto, deliberación parlamentaria. Es sorprendente que en un intento de revancha se pretenda legislar en un tema tan sensible, sin mayor discusión pública de fondo, ello a estas alturas en nuestro país es inaceptable.

Por otro lado, Baja California lamentablemente se ha caracterizado por no respetar los derechos humanos de las mujeres. Como resultado del Caso “Paulina” el Estado mexicano, y particularmente el gobierno de Baja California se comprometieron - a través del Acuerdo de Solución Amistosa 101-02 firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- a respetar los derechos de las mujeres al aborto y emitir políticas públicas y legislación que garantizaran la no repetición de casos como el de Paulina.  

Con la presente iniciativa para modificar la Constitución no sólo se reitera esa violación sino que contradice la intención de reparación del daño que el Poder Ejecutivo de Baja California propuso mediante una iniciativa de ley enviada al Congreso para reformar el Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de Salud, todo ello con la intención de, cito la exposición de motivos, “garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y niñas de Baja California, ya que en la práctica enfrentan barreras que les impiden tener acceso efectivo al aborto legal.”

Es de llamar la atención que nuevamente Baja California se encuentre en un intento por restringir los derechos de las mujeres y, de prosperar la reforma, seguramente enfrentar de nueva cuenta largos procesos de denuncias ante organismos de derechos humanos o tribunales judiciales que valoren la constitucionalidad de dicha reforma. Dicho sea de paso, se muestra la falta de prudencia jurídica y política de los legisladores del estado de Baja California al no esperar la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará en los siguientes meses sobre las acciones de inconstitucionalidad que se impusieron contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Muy seguramente la resolución de la Corte marcará los límites jurídicos que ante el aborto y la protección del embrión deberá subsistir en nuestro país, después de que los ministros hayan analizado profundamente la Constitución Política mexicana, la legislación federal y los Tratados y Convenciones Internacionales firmados por nuestro país.

Por ello, le solicitamos de la manera más atenta detengan la aprobación de una iniciativa tan provocadora y opuesta a los derechos de las mujeres y puedan escuchar y discutir las diferentes argumentaciones para enfrentar seriamente esta reforma.

Atentamente,